Cuando el centro vecinal del barrio Villa Edén, tomó la iniciativa de sumar a las instituciones de la ciudad de La Falda para evitar la demolición de la casona Isolina, se generó un debate que se trasladó rápidamente desde el escenario de las redes sociales hacia los plenarios del Consejo de la Ciudad.

Otra vez, este organismo creado por la carta orgánica de la ciudad, vuelve a tener el desafío de ser un espacio de racionalidad y equilibrio de los intereses de la comunidad.

Como organismo no vinculante, en los últimos años ante la pandemia, no descolló en cuanto a sus dictámenes de influencia sobre la administración pública, pero nunca esquivó el debate sobre todas las aristas que la sociedad en conjunto anhela.

Cuando se habló del riesgo de judicialización a la ciudad, por parte de los propietarios de las 46 mansiones, quienes desde la primera hora propulsaron la iniciativa proteccionista vía Facebook, condenaron luego que era inapropiado pensar que algo que es de interés general para "TODA" la población, y que está legitimado por ordenanzas, pudiera ser causal de una controversia judicial.

Pero los acontecimientos de las últimas horas confirman que sería ingenuo afirmar que esto se mantendría así indefinidamente.

Por un lado, el Concejo Deliberante y el ejecutivo faldense, se expidieron rechazando la demolición y el proyecto de construcción, con todas las excepciones solicitadas.

Administrativamente la respuesta de las autoridades es correcta, pero lamentablemente no se puede mantener legalmente firme en el tiempo.

Solo hay dos desafíos en tándem, y no menores, para que una ciudad y el erario público se apropien de un bien privado, aun con la mejor y noble de las intenciones.

El primero es el de que la Constitución Nacional y el código civil al que están supeditadas las ordenanzas municipales, establezcan que la propiedad en cuestión sea considerada de utilidad pública. Existen explícitas razones que deben ser respaldadas con documentación, si es histórica, o que exista una razón imperante que justifique su incautación. 

El segundo, es que de superar la primera, recién el estado podría expropiar el bien inmobiliario, abonando al propietario el precio de mercado de la propiedad, y que a partir de ello recién el bien pasa a ser fiscal.

El propio ejemplo de la intrincada recuperación del Hotel Edén, marca un precedente, ya que a pesar de que innegablemente estaba predeterminado como bien histórico, tuvo que ir a un proceso legal de remate para que quedara en poder de la ciudad.

Bien vale el ejemplo, ya que en la actualidad, solo Isolina cuesta en valor nominal medio millón de dólares.

Este lunes 4 de abril, se confirmó que la familia Bertopaulos, ya derivó en un facultativo en leyes de la ciudad de Córdoba de apellido Capdevila, para que instrumente la acción necesaria para disponer que la venta definitiva de su propiedad, le garantice legalmente disponer pletipotenciariamente de ella a los nuevos dueños.

Por eso es muy certera la apreciación de redefinir el perfil de la ciudad de un modo democratico, racional, y que tenga en cuenta intereses de sustentabilidad turística y cultural.

También es bueno recordar que hay muchos sectores protegidos, que han continuado creciendo (y sin servicio de cloacas), sin ir más lejos, el sector noreste de la ciudad tiene en 5 años, 100 casas nuevas, en lo que puede considerarse una expansión importante de Villa Edén, y en realidad la determinación de considerar a la avenida Edén como extensión del centro, se originó para proteger el crecimiento necesario de la actividad comercial.

Queda preguntarnos si el creer que podemos protegemos todo, en la práctica no protegemos nada, siendo indispensable tomar conciencia y no olvidar que desafiar la institucionalidad y el derecho a la propiedad privada tiene un precio mucho más elevado que el de un abrazo.