COVID-19: El dilema diabólico entre salvar la bolsa o la vida

Juan Ignacio Pérez Iglesias, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

El virus SARS-Cov-2 acabará llegando a todo el mundo… hasta que, con suerte, haya tantas personas inmunes, que la cadena de contagio se detenga o se ralentice muchísimo. Esto puede ocurrir de forma natural, después de que mucha gente se haya contagiado, superado la enfermedad y generado anticuerpos contra el virus. Y también de forma artificial, mediante una vacuna.

Ahora bien, ninguna de esas dos posibilidades se materializará pronto. Es muy difícil que haya una vacuna antes de un año (puede incluso que no llegue a haberla nunca, como ocurre con el VIH), y la inmunidad mediante contagios masivos puede tardar demasiado en alcanzar a un número de personas suficiente para proteger al resto. Por eso, las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 persiguen evitar que nos contagiemos… demasiado pronto y muchos a la vez. Pero, a medio y largo plazo, no evitarán que nos acabemos contagiando… los que nos tengamos que contagiar, esto es, todos los que seamos susceptibles.

El virus provoca la muerte de un porcentaje muy pequeño de quienes enferman, pero es tal su capacidad de expandirse, que es muy grande la cantidad de personas contagiadas y la de quienes han de ser hospitalizados. También es alto el número de ingresados en unidades de cuidados intensivos y de fallecidos. Al ser tan altas esas cifras, los servicios de salud se saturan hasta no poder atender y tratar como es debido a las personas ingresadas, de suerte que pueden fallecer personas que en circunstancias normales se habrían salvado. Por no hablar del riesgo al que, por tener que trabajar en condiciones límite, se expone el personal sanitario. Por eso es tan importante evitar que se contagie mucha gente en poco tiempo, porque de otra forma, el daño que causa la pandemia se acentúa.

Volver a la “vida normal”

Son muchos, seguramente una mayoría, quienes prefieren que se mantengan medidas estrictas de confinamiento; creen que así puede evitarse el contagio. Es más, para gran parte de ellos, la única opción moralmente aceptable es la que busca minimizar, al precio que sea, el número de vidas humanas que se cobra la pandemia. Y, sin embargo, de actuar bajo esa premisa, podría ocurrir que nunca se pudiese volver a la “vida normal”. La razón es que bajo condiciones muy estrictas de confinamiento, restricciones a la movilidad y distancia entre personas, los contagios llegarían prácticamente a desaparecer, por lo que apenas aumentaría el número de personas inmunes, y habría que esperar a la vacuna para recuperar la normalidad. Pero como he señalado antes, en el mejor de los supuestos pasarían varios meses –seguramente más de un año– antes de contar con ese instrumento. Solo si hubiese pronto tratamientos antivirales efectivos mejorarían las expectativas, pero esa solución hoy es aventurada.

Por otro lado, el problema es que no es posible paralizar o reducir demasiado la actividad de un país durante varios meses. Para producir comida, aparatos, repuestos, y demás bienes debe haber personas que desempeñen esas tareas. Y para hacer llegar esos bienes a la gente, hacen falta empresas que se los proporcionen, comerciando. Además, hay que trasladarse, comer fuera de casa, administrar negocios, gestionar organismos públicos, guardar dinero, pedir créditos y muchas cosas más. Otros deben formarse. Hay multitud de tareas sin cuyo desempeño la sociedad no podría funcionar, colapsaría. Y todos necesitamos recursos para vivir. En definitiva, es preciso mantener la actividad económica y el resto de actividades sociales lo más próximas posible a los niveles normales.

Muchos invocan el largo confinamiento que han mantenido en Hubei como modelo a imitar. Pero la provincia china tiene una población que representa un pequeño porcentaje de la población de aquel país. Sería como si se confinase una pequeña comunidad autónoma, como la vasca, mientras en el resto del país se mantiene una actividad normal o casi normal. Un estado puede permitirse confinar al 5% de su población durante un periodo de tiempo largo, porque el 95% restante aporta los recursos necesarios para evitar el colapso. Pero no se puede mantener confinado a un país entero sine die. Además, hagamos aquí lo que hagamos, el virus seguirá circulando por el mundo y antes o después volvería.

Opciones moralmente aceptables

No es cierto que la única opción moralmente aceptable sea evitar a toda costa los contagios y, por tanto, mantener el confinamiento durante todo el tiempo necesario para reducir a un mínimo los fallecimientos por COVID19. No lo es porque las consecuencias de llevar a un país a una depresión económica severa, o al colapso, serían tan o más gravosas aún en términos de salud pública y mortalidad. Una sanidad sin recursos (que, no lo olvidemos, proceden de los impuestos que se obtienen de la actividad económica) que sostengan su funcionamiento se vería incapaz de tratar enfermedades potencialmente mortales pero curables o, al menos, cronificables.

Los tratamientos contra el cáncer son carísimos, como lo son las intervenciones de todo tipo (de corazón, trasplantes, etc.) y los ingresos hospitalarios. Por eso, la solución no puede consistir en cerrar el país durante tiempo indefinido, sino hacerlo hasta limitar los contagios al número que permita mantener la actividad asistencial en condiciones adecuadas (decir óptimas sería quizás mucho pedir) y sin someter a sus trabajadores al estrés extremo a que se han visto sometidos y al riesgo de contagiarse más allá de lo estrictamente razonable.

En apariencia, las autoridades afrontan una alternativa diabólica, pues estarían obligadas a elegir entre dos opciones muy malas. Pero quizás no hay margen real para la opción, o es mínimo. Transitarán, mediante una peligrosa secuencia de ensayos y errores, por un estrecho corredor con un precipicio a cada lado: la mortandad por COVID19 en uno y el colapso social en el otro. Deberán observar con atención el curso de la pandemia; necesitarán buenos datos epidemiológicos y quizás sistemas para rastrear contagios. Y, en función de lo que ocurra, ajustarán la severidad de las medidas de distancia entre personas y control de movilidad.

Según los resultados de una investigación publicada recientemente, hasta 2022 sería necesario implantar medidas para restringir la movilidad y favorecer el distanciamiento, y todavía en 2024 habría que mantener la vigilancia porque podrían seguir produciéndose contagios. Lógicamente, si antes se consigue una vacuna, los plazos se acortarán. Tardaremos en disfrutar de condiciones normales durante meses. Se limitarán o no se celebrarán actos masivos. Habrá restricciones al desplazamiento entre países durante meses. Y todo esto acarreará una contracción económica sin precedentes, que dejará unas secuelas sociales terribles.

El enorme sacrificio de la ciudadanía

Bien mirado, sin embargo, el dilema entre salvar la bolsa o salvar la vida quizás no sea tal. Las autoridades han de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y capacidad del sistema sanitario, de manera que no muera más gente de la que, de suyo, causará la pandemia. Pero tampoco pueden mantener un estado de confinamiento extremo, porque no se reduciría así el número de fallecimientos por COVID19 y, sin embargo, el deterioro económico y social sería de tal magnitud que acarrearía una mayor pérdida de vidas humanas. No se trata, pues, de elegir entre la bolsa y la vida; la única opción moral aceptable es la que busca salvar la mayor cantidad de vidas posible. Pero ese objetivo exige que se salvaguarde una parte sustancial de la bolsa, por la sencilla razón de que muchas vidas dependen de ella.

La situación que vivimos exige de la ciudadanía un sacrificio enorme. Pero se aceptará. Ahora bien, a cambio, las autoridades deben garantizar transparencia, informando con rigor de la situación y de las razones por las que se toman unas decisiones y no otras. El no hacerlo así hace que proliferen bulos peligrosos y mina la credibilidad de las instituciones. Ahora más que nunca necesitamos líderes, personas que se ganen la confianza del pueblo que gobiernan; pero confianza y credibilidad exigen seriedad, claridad y transparencia. En definitiva, hace falta que nos traten como a personas maduras y responsables.

Juan Ignacio Pérez Iglesias, Catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.