Con demora a consecuencia de la pandemia, se van conociendo los fallos de la justicia con relación a casos resonantes, que sacudieron a la opinión pública en el Valle de Punilla.

Después de mucho trabajo, de una investigación llevada adelante por Portal de Opinión que permitió sumar denuncias por alumnas damnificadas, el año pasado se concretó la condena a un profesor residente en Villa Giardino que abusó de al menos tres adolescentes de un establecimiento educativo y de niñas de su entorno familiar.

En octubre de 2014 Portal de Opinión publicó el relato de una mujer, responsable de una menor que cursaba sus estudios en el IPET 200 de Huerta Grande. La alumna le contó a su abuela las situaciones que vivía a partir del acoso que sufría por parte de su profesor. La denuncia fue presentada el 3 de octubre de ese año e involucraba a un docente que trabajaba en el establecimiento desde el 2011. Esta presentación, a los pocos días, fue respaldada por la directora del instituto.

Una sanción disciplinaria fue aplicada, de acuerdo al estatuto docente, mientras la investigación a cargo del entonces fiscal Martín Bertone, continuaba su curso y sumaba testimonios.

W. (así será identificado el profesor por cuestiones legales), dejó de trabajar en Huerta Grande y fue trasladado a Villa Giardino.

El 18 de abril de 2019, con importantes pruebas en su contra y más denuncias sobre hechos que involucraban a menores de edad, W. fue detenido y trasladado al penal de Cruz del Eje.

Durante el juicio llevado a cabo en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, se conoció una serie de hechos contra la integridad sexual contra tres menores de edad ocurridos entre los años 2010 y 2012, agregándose a los ocurridos en la institución educativa, durante el ciclo lectivo del 2014.

La cantidad de pruebas y las pericias psicológicas realizadas a las víctimas, resultaron tan abrumadoras que W. reconoció los delitos por los cuales estaba imputado, tanto los vinculados a las alumnas como a los ocurridos en Villa Giardino.

Todas las pericias psicológicas realizadas a sus víctimas (seis hechos), fueron contundentes, descartando cualquier tipo de fabulación, precisando detalles de los sucesos, que fueron prueba cabal para que el acusado admita la existencia de los delitos y los confesará ante los jueces.

Esta situación le permitió llegar a un juicio abreviado el 16 de octubre de 2020, imponiéndole la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, la pena máxima aplicable de 12 años de prisión, por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal continuado calificado por el vínculo y promoción a la corrupción de menores calificada por el vínculo y la condición de guardador, en concurso ideal –tres hechos- y abuso sexual calificado –tres hechos-, todos en concurso real".