Compartimos una conferencia de prensa, brindada por reconocidos vecinos de la localidad de Villa Giardino, que en representación vecinal de muchos otros, anticipan una serie de acciones legales, en pos de salvaguardar una zona protegida natural de la localidad, que alberga una reserva acuífera subterránea y nacientes de ríos para las 2 cuencas de Punilla. 

En la vía necesaria administrativa para aplicar las normativas municipales que la resguardan, irrumpieron varias paradojas legales.

En la noche del lunes 31 de agosto, se generó en pocos minutos una situación que el propio intendente Omar Ferreyra, anticipó el 8 de junio, en una entrevista sobre el cierre de los caminos circundantes al mítico hotel, anticipando la necesidad de judicializar el reclamo vecinal.

Ejido municipal o zona gris

El punto de inflección, que motivó las recientes declaraciones públicas, nace luego de una reunión clave vía Zoom (31/09/20), de la cual participaron concejales, asesores legales, y representantes de los vecinos autoconvocados.

La impotencia invocada desde los concejales, con visión diferenciada entre oficialismo y oposición, se centró en la controversia sobre los límites exactos del éjido municipal de Villa Giardino.

Si bien hay profusa documentación catastral sobre esta región, que ha tenido una incesante y desenfrenada urbanización, se desdibuja la autenticidad de los límites del jardín de Punilla, ante la inconclusa aprobación legal definitiva por parte de la provincia del éjido solicitado por el municipio.

¿Quién podrá defendernos?

Además de la encrucijada administrativa, imposible de sortear por un municipio que debería devolver la recaudación de tasas y servicios desde hace décadas sobre el faldeo de “La Punilla” que circunda la estancia-hotel, está latente que el organismo más indicado jurídicamente para resolver o mediar en este conflicto debería ser la defensoría del pueblo de la provincia.

Es muy evidente que estos episodios de las últimas horas, están más allá de la grieta y de la politización partidaria, convirtiéndolo en un conflicto que define las expectativas de la calidad de vida y dignidad de los habitantes de Punilla centro, convirtiéndolos en la antesala de un debate que pondrá en vilo y expondrá públicamente la cuestionada probidad del poder judicial cordobés.