Extraído del diario La Voz del Interior

La UCR volvió a postular para el cargo a Mario Decara, quien ocupa ese sillón desde 2008 y se quedaría otros cuatro años. Después del resultado electoral de mayo, la Defensoría es una preciada estructura política para el radicalismo cordobés.

La Unión Cívica Radical buscará que Mario Decara, el actual defensor del Pueblo de la Provincia, acceda en los próximos días a su tercer mandato. De lograrlo –algo que se descuenta– consolidará 15 años frente a esta institución que el radicalismo administra ininterrumpidamente desde 1989, cuando comenzó a funcionar durante el último mandato de Eduardo Angeloz como gobernador de Córdoba.

El último miércoles, el bloque de legisladores radicales ingresó a la Secretaría Parlamentaria de la Unicameral el proyecto con el que buscará la re-reelección de Decara, cuyo mandato vence el próximo martes. Doce legisladores firmaron el pedido a favor de Decara.

En términos de “política real” no se trata de una institución menor para la Unión Cívica Radical, que desde diciembre sufrirá una fuerte reducción de cargos tras los resultados de mayo: la Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto de 205 millones de pesos al año, que administra con autonomía.

El grueso del presupuesto (60 por ciento) se destina al pago de salarios, por más de 124,3 millones de pesos anuales. En el organismo trabajan 45 personas. De ese total, 24 son autoridades y cuatro jerárquicos. Hay 11 administrativos y seis ordenanzas.

Además, para este año el organismo tiene previsto contratar personal y asesoramiento técnico por 6,7 millones de pesos; profesionales que deberán desempeñarse en alguno de los siete programas de la Defensoría. De ese monto ya utilizó 4,3 millones de pesos (64 por ciento del presupuesto), según información oficial del Ministerio de Finanzas.

El defensor del Pueblo cobra lo mismo que un legislador provincial, alrededor de 120 mil pesos por mes de bolsillo (el salario bruto es de 227.426 pesos). Al igual que un legislador, tiene idénticas inmunidades y privilegios, y sólo puede ser removido de su cargo por juicio político.

Aunque la ley que reglamenta la Defensoría del Pueblo no especifica que el cargo de defensor del Pueblo es a propuesta del radicalismo (o de la minoría), la “tradición” cumple con esta premisa: desde 1989 hasta ahora, siempre hubo un radical al frente de la Defensoría. “Es una concesión que le damos a la UCR”, explicó un legislador oficialista.

La propuesta radical

“Lo hablamos en el bloque y seguimos sosteniendo la postulación de Mario Decara, y ya lo hemos hablado con el presidente del bloque mayoritario (Carlos Gutiérrez). Ahora, depende del peronismo. El trámite indica que con dos tercios de los legisladores presentes se podrá ratificar la postulación de Decara”, dijo ayer Miguel Nicolás, legislador radical.

En un mismo sentido, el legislador Orlando Arduh se mostró confiado en tratar la re-reelección de Decara el miércoles próximo. “Se trata de un acuerdo en el que el bloque radical solicita que se renueve a Decara como defensor del Pueblo, pero el peronismo puede imponer otro postulante, incluso peronista”, dijo.

“Nos parece que la gestión de Decara frente a la Defensoría del Pueblo ha sido muy buena. Esa es la valoración que hacemos en el bloque radical, y esperamos que se respete la tradición legislativa”, afirmó Arduh.

Ayer, desde el PJ anticiparon que la intención sería respetar la tradición, aunque aclararon que no había ningún acuerdo respecto de la figura de Decara o de aprobarlo la semana que viene. El mandato del actual defensor vence el martes 2 de julio, pero el organismo podría funcionar bajo las órdenes del defensor del Pueblo adjunto: Hugo Pozzi, también radical.

“No está especificado que el defensor del Pueblo sea designado por la minoría. Requiere un aval de los dos tercios de los presentes en la sesión, por lo que generalmente hay que pactar con el bloque radical. Y también es una concesión de Hacemos por Córdoba al principal partido de la oposición”, dijo ayer un legislador del PJ que no se atrevió a confirmar si el miércoles Decara jurará por tercera vez como defensor del Pueblo.

A diferencia de las bancas por la minoría en el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), ni la Constitución Provincial ni la Ley 7.741 (que reglamenta la Defensoría) fijan que este funcionario sea un representante de la oposición. Son exigencia para el cargo no participar en actividades políticas.

Una histórica estructura radical

Quien más tiempo ocupó esa banca hasta ahora fue el extraordinario billarista Nelson Filippi, quien, luego de ser legislador provincial por la UCR, asumió la Defensoría del Pueblo en 1994 y dejó el cargo en 2005. La línea de tiempo se interrumpió algunos meses, entre 1999 y 2000. Ahora, Decara va por el récord de 15 años.

Desde su creación en noviembre 1988, la Defensoría del Pueblo estuvo en manos de la UCR. El dirigente radical de Huinca Renancó Dante Fornasari fue el primer defensor del Pueblo, y ocupó el cargo entre 1989 y 1994. Luego siguió Filippi, caudillo de Río Primero.

Durante casi dos años, entre 2006 y 2008, Jessica Valentini, quien había sido adjunta de Filippi, estuvo a cargo de la Defensoría.

En 2008, tras un acuerdo entre el peronismo y el mestrismo, Mario Decara, exintendente de Huerta Grande y de buen trato con Carlos Caserio, llegó a la Defensoría.

El miércoles pasado, después de la sesión legislativa, el bloque radical le comunicó a Carlos Gutiérrez, jefe de bloque de Hacemos por Córdoba, la intención de que Decara renueve. Luego, ingresó el breve proyecto de resolución que esperan aprobar el miércoles.

El presupuesto: 205 millones de pesos al año

La Defensoría del Pueblo tiene seis programas.

$ 205.045.000 es el presupuesto de la Defensoría del Pueblo.

$ 124.391.000 destinará este año al pago de salarios de las 45 personas que allí trabajan.

$ 6.774.000 prevé utilizar en la contratación de técnicos.

De la Defensoría dependen: el Instituto de Ambiente, el Instituto de Estadísticas, el programa El Defensor con Todos, el Centro de Mediación Comunitaria, el Instituto de Prevención de Adicciones y el Instituto de Género e Igualdad.