La reciente confirmación de que la Dra. Paula Kelm, la fiscal de Cosquín, al medio Portal de Opinión, de que a partir de las denuncias públicas realizadas por el intendente Javier Dieminger sobre el comportamiento de las personas vinculadas al paciente cero, ordenó la imputacion de nueve personas sospechadas de violar las normas establecidas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia. (Artículo 205 del Código Penal)

Está noticia, confirma muchos de los dichos que generaron repudio, pánico e impotencia en la población.

Dos de estas personas, que serían los dos primeros casos confirmados de COVID-19, tienen la misma carátula, pero con el agravamiento de hacerlo en forma reiterada, y por trascendidos, la omisión de información al COE Punilla, al intentar reconstruir el árbol de contagios, fue determinante para boicotear las medidas necesarias sanitarias, no solo para La Falda, sino tambien complicando la de varias localidades de Valle Hermoso a La Cumbre. 

Este último hecho habría sido el que precipitó la decición de iniciar la investigación del poder judicial, propulsada desde las mismas autoridades e instituciones relacionadas. 

Lo cierto es que los imputados podrían enfrentar su futuro con prisión de seis meses a dos años, por violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, por haber contribuido con su irresponsable conducta a la propagación de la epidemia de Coronavirus.

La fiscalía sigue adelante con la investigación tratando de determinar más hechos y personas que hayan transgredido las normas.

Quienes hemos sido testigos de un cúmulo de noticias locales, con testimonios que nos inspiraban más desconfianza que certezas, hoy tenemos más claro que nuestras sospechas no eran infundadas, y que la sociedad hiperconectada ayuda tanto a los medios, como a las personas a acercarse a la verdad, siempre y cuando las autoridades de turno, realicen las acciones ante la justicia, que la constitución y su propia conciencia democrática les dicte.