La discusión abierta, que detonó en la audiencia pública de este viernes 21 en La Falda en torno a una nueva normativa de preservación patrimonial, excede ampliamente la protección de algunos edificios antiguos.

En el fondo, plantea un interrogante mucho más complejo: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para preservar la identidad arquitectónica de una ciudad y desde qué punto esa intervención comienza a afectar innecesariamente el ejercicio de la propiedad privada?

La pregunta adquiere características particulares en esta ciudad. No estamos frente a una ciudad colonial de varios siglos de existencia. El municipio nació formalmente en 1934 y buena parte de su desarrollo urbano pertenece al siglo XX, influenciado por el Hotel Edén y comunidades establecidas por la explotación minera.

Por eso, establecer una protección preventiva general sobre construcciones que superen aproximadamente los 50 años puede alcanzar a una cantidad considerable de propiedades que sus propietarios nunca imaginaron como "históricas".

Y allí aparece uno de los puntos centrales de la controversia, que surgieron entre los presentes en la audiencia pública al leerse el polémico artículo 15.

La antigüedad no necesariamente significa valor patrimonial

Una construcción puede tener cincuenta años y carecer de características históricas o arquitectónicas excepcionales.

Del mismo modo, una obra relativamente reciente puede poseer un enorme valor cultural, arquitectónico o social.

Por eso, el criterio cronológico puede ser útil como mecanismo preventivo, pero resulta mucho más discutible cuando funciona prácticamente como una declaración patrimonial general.

La cuestión no debería reducirse entonces a preguntar: ¿cuántos años tiene una casa?

Las preguntas deberían ser otras:

¿Qué valor queremos preservar? ¿Por qué esa propiedad merece protección? ¿Qué parte debe conservarse? ¿Y qué modificaciones pueden realizarse sin destruir aquello que le otorga valor patrimonial?

Inventariar antes de restringir

Una alternativa considerablemente más equilibrada consiste en avanzar sobre un inventario patrimonial exhaustivo, identificando inmueble por inmueble y estableciendo diferentes grados de protección.

La Falda ya cuenta con antecedentes de relevamientos,  donde la información de propiedades fueron diferenciadas según su importancia y se reflejaron en un listado denominado RUMIP (Registro Único Municipal de Interés Patrimonial). 

Ese camino debería profundizar hasta construir un catálogo público actualizado, técnicamente fundamentado y con intención de ampliarse responsablemente si es necesario. 

Las posibilidades de asignación de diferentes categorías: inmuebles de preservación integral; edificios donde deba conservarse principalmente la fachada o determinados elementos arquitectónicos; construcciones de valor ambiental o paisajístico; propiedades con valor intangible; y propiedades antiguas que, después de ser evaluadas, no requieran restricciones especiales.

Esto cambiaría sustancialmente la situación.

El propietario sería notificado de antemano de las condiciones que afectan a su inmueble. También podría conocerlas quien pretende comprarlo, venderlo, reformarlo o desarrollar un nuevo proyecto sobre ese terreno.

La preservación dejaría así de ser una incertidumbre administrativa para transformarse en una condición conocida y documentada.

El valor económico también forma parte de la discusión

La Falda no es una ciudad detenida en el tiempo. Es una ciudad donde existe actividad inmobiliaria, construcción de edificios y sectores donde el suelo posee un importante valor económico.

Una restricción patrimonial puede modificar las posibilidades de utilización de una propiedad y, consecuentemente, puede incidir sobre su valor.

Por eso, la discusión no enfrenta simplemente a quienes "defienden el patrimonio" contra quienes "defienden los negocios inmobiliarios".

El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre interés colectivo, identidad urbana, desarrollo económico y derechos individuales.

Y cuanto mayor sea la incidencia de una regulación sobre la propiedad privada, mayor debería ser también la precisión técnica de sus fundamentos.

Una norma necesita una estructura capaz de aplicarla

Existe además otro interrogante fundamental.

Si cientos o miles de propietarios potencialmente alcanzados por un criterio de antigüedad deben solicitar autorización municipal antes de realizar determinadas intervenciones, ¿qué organismo analizará esas solicitudes?

¿Cuántos profesionales tendrá?

¿Qué criterios utilizará?

¿Cuánto tiempo tendrá para responder?

¿Qué modificaciones requieren autorización y cuáles constituyen simplemente mantenimiento normal de una vivienda?

No resulta equivalente demoler una construcción potencialmente histórica que pintar una fachada, reparar un techo o reemplazar una abertura.

Una legislación patrimonial puede tener objetivos legítimos y, sin embargo, convertirse en problemática si la estructura administrativa necesaria para aplicarla todavía no existe.

En ese sentido, quizás el orden lógico debería ser: relevamiento, clasificación, estructura técnica, procedimientos claros y finalmente restricciones plenamente exigibles.

Una paradoja histórica: La Falda nació regulada

Sin embargo, existe un elemento histórico que vuelve especialmente interesante este debate.

La preocupación por la estética y la identidad urbana no apareció ahora.

Está, de alguna manera, vinculada con el propio nacimiento de La Falda.

El desarrollo urbano alrededor del Hotel Edén estuvo acompañado por condiciones particulares para quienes adquirían terrenos y construían sus viviendas. No se trataba simplemente de comprar un lote y edificar libremente.

Existieron pautas respecto del estilo de las construcciones, materiales y características arquitectónicas e incluso condiciones vinculadas con los profesionales que podían intervenir.

Era, naturalmente, otro contexto jurídico: reglas privadas relacionadas con un loteo y no una ordenanza municipal contemporánea.

Pero el antecedente resulta fascinante.

La ciudad que hoy discute hasta dónde puede regularse su arquitectura nació, precisamente, bajo una fuerte regulación de su arquitectura.

Una discusión que acompaña a La Falda desde sus orígenes

También existe otra coincidencia histórica.

Cuando comenzó a discutirse la necesidad de constituir institucionalmente el municipio, sectores de aquella comunidad manifestaron resistencia.

Quienes habitaban el núcleo desarrollado alrededor de Villa Edén entendían que poseían determinadas características urbanas y sociales que los diferenciaban del territorio circundante.

De una manera completamente diferente, reaparece casi un siglo después una tensión conocida: quién determina el futuro de la ciudad, hasta dónde llega la decisión colectiva y dónde comienza la autonomía individual.

La discusión actual sobre patrimonio podría ser, entonces, mucho más antigua de lo que parece.

La Junta Histórica Municipal y la Secretaría de Cultura, realizaron un aporte importante a la ordenanza macro, pero la redacción final del Concejo Deliberante, no habría  contemplado algunas de las sugerencias y detalles de modificaciones en la terminología utilizada.

Preservar sin colocar una ciudad bajo un domo

La imagen de una ciudad cubierta por un gran domo puede funcionar como metáfora de uno de los temores expresados en este debate: que intentando congelar determinados elementos de su pasado termine condicionando excesivamente su futuro.

Pero existe también el riesgo contrario.

Una ciudad que no identifica a tiempo aquello que verdaderamente constituye su patrimonio puede descubrir su valor cuando ya lo perdió.

Entre ambos extremos probablemente se encuentre el desafío.

No parece razonable preservar todo simplemente porque es antiguo. Tampoco parece razonable esperar a que una propiedad histórica esté frente a una topadora para comenzar a preguntarnos si merecía ser conservada.

Quizás la discusión más productiva no sea entonces patrimonio sí o patrimonio no.

La verdadera discusión debería ser qué preservar, por qué preservarlo, con qué grado de protección, mediante qué procedimiento y con qué estructura administrativa.

La Falda tiene menos de un siglo como municipio. Precisamente por eso todavía está a tiempo de decidir qué parte de ese primer siglo quiere entregar intacta al segundo.

Y para hacerlo probablemente necesite algo más complejo que una fecha escrita en una ordenanza: necesita construir un consenso acerca de qué elementos de su historia constituyen verdaderamente su identidad.

Cuando el patrimonio entra en la arena política

La preservación del patrimonio arquitectónico merece una discusión seria porque detrás de cada decisión conviven valores históricos, derechos individuales, inversiones, desarrollo urbano e intereses económicos. Precisamente por eso, reducir una discusión de semejante complejidad a una confrontación entre bandos empobrece el debate.

La audiencia pública dejó expuesto otro problema: cuando la discusión deja de centrarse en argumentos y comienza a organizarse en trincheras políticas, el conocimiento técnico pierde espacio frente a la confrontación.

Y cuando un ámbito de participación se vuelve hostil hasta el punto de que quienes pueden aportar conocimiento especializado deciden retirarse, no pierde solamente una de las partes: pierde la comunidad entera.

El antecedente de Isolina

Existe un episodio anterior que ayuda a comprender la complejidad del problema.

Hace aproximadamente tres años, la posible transformación del inmueble donde funciona la casa de té Isolina provocó una fuerte movilización ciudadana. El denominado "abrazo a Isolina" reunió a personas que reclamaban preservar una construcción a la que atribuían valor histórico.

Sin embargo, alrededor de aquella controversia existían también intereses inmobiliarios vinculados con evitar desarrollos paralelos en ese sector de la avenida Edén.

Ese antecedente deja una enseñanza importante: una movilización puede contener una preocupación patrimonial auténtica y, simultáneamente, convivir con intereses económicos, políticos o particulares.

Por eso, las políticas públicas no deberían construirse exclusivamente a partir de la conmoción producida por un caso singular. Los casos particulares pueden encender una alarma; las normas generales, en cambio, deben surgir de criterios técnicos capaces de aplicarse con igualdad a toda la comunidad.

¿Quién representa a los vecinos?

La Falda posee además una particularidad institucional que vuelve especialmente interesante esta discusión.

Su Carta Orgánica creó mecanismos formales de participación y representación ciudadana, entre ellos organismos como la Defensoría del Vecino y el Consejo de la Ciudad, donde participan numerosas instituciones.

Paralelamente aparecen agrupaciones que se presentan públicamente como "vecinos autoconvocados", "vecinos en alerta" u otras denominaciones similares.

Nada impide que los ciudadanos se organicen espontáneamente. Es una expresión legítima de participación democrática.

El problema aparece cuando una parcialidad —política, sectorial, económica o de cualquier naturaleza— pretende transformar su propia voz en la voz de todos los vecinos.

En una comunidad pequeña esa contradicción resulta particularmente visible porque las pertenencias, trayectorias y vinculaciones politicas suelen ser conocidas.

La discusión, entonces, no debería centrarse en impedir que alguien participe por tener determinada pertenencia política. Todo lo contrario. El desafío ético consiste en reconocer la y transparentarla.

Una posición política puede ser absolutamente legítima. Lo problemático comienza cuando se presenta como neutral aquello que indiscutiblemente no lo es.

Estar en contra como identidad política

Existe además un fenómeno que excede la discusión patrimonial.

Una oposición democrática cumple una función indispensable cuando controla, cuestiona y propone alternativas. Pero esa función se deteriora cuando la diferenciación política consiste simplemente en rechazar aquello que propone el adversario, independientemente de sus méritos, aciertos o errores.

Cuando eso sucede, la discusión deja de preguntarse "¿esto beneficia a la ciudad?" y comienza a preguntarse "¿quién lo propuso?".

Ese desplazamiento puede convertir cualquier asunto municipal —una obra, una ordenanza, una política cultural o una regulación patrimonial— en una extensión y oportunidad permanente de disputa electoral sin códigos.

Cuando el que sabe termina yéndose

Quizás una de las imágenes más significativas de la audiencia haya sido precisamente la retirada de uno de los profesionales que había participado técnicamente del proceso y que contaba, además, con experiencia en políticas de preservación desarrolladas en Buenos Aires.

Ante un nivel de confrontación verbal, a la que no estaba acostumbrado, decidió retirarse del recinto.

Más allá de quién tuviera razón en cada intercambio, la escena contiene una advertencia.

Cuando un ámbito de participación se vuelve hostil, quienes más pueden aportar terminan retirándose.

Una audiencia pública debería servir precisamente para lo contrario: confrontar argumentos, escuchar conocimientos diferentes, cuestionar fundamentos y obligar incluso a los especialistas a explicar y defender sus posiciones.

Puede haber desacuerdo. Puede haber intereses contrapuestos. Puede haber posiciones políticas irreconciliables.

Lo que no debería desaparecer es el respeto por la palabra del otro.

Porque una ciudad puede discutir apasionadamente su futuro. Lo que no puede permitirse es que, en medio del ruido de esa discusión, termine dejando afuera precisamente a quienes todavía tienen algo para aportar, compartiendo las experiencias de sociedades que atravesaron el mismo desafío de querer crecer con equilibrio.

Compartimos la cobertura TDC completa de la Audiencia Pública del pasado viernes 21 de agosto en el salón Marechal, que después de 3 horas paso a un cuarto intermedio con fecha a definir.