Momentos de incertidumbre viven una centenar de familias ante la detención, hace horas, por orden de la fiscalía de Cosquín, del responsable de la fundación que administra el Centro Ecuestre La Falda.

La denuncia la habría realizado hace 10 días la familia de un joven de 15 años que concurría al establecimiento, que tiene sede en la Avenida Ferrarini y un predio deportivo en el límite de La Falda con Valle Hermoso.

No ha trascendido información sensible de las acusaciones, pero estarìan formuladas con la caratula de abuso sexual.

Dentro de la comunidad educativa, existe confusión y desazón, en un contexto donde sorprende tanto la denuncia, como la respuesta del titular de la fundaciòn, que ha expresado que està a disposición de la justicia, postura que ha sido reforzada por el estudio jurídico Rizza-Liberman, quienes comunicaron oficialmente:

“Desde la Fundación Centro Ecuestre La Falda y ante los acontecimientos acaecidos en las últimas horas queremos comunicar que el Sr. Pablo Soto Bogdanic, representante de la misma, se ha puesto a total disposición de la justicia. 

Cabe aclarar que desde el mes de noviembre de 2024, la familia Soto tenía programado un viaje a la Provincia de Paraná en Brasil a la casa materna de su sra. esposa. Por motivos de organización institucional el Sr. Soto decidió a comienzos de enero anular su participación en el viaje. 

Aguardamos porque prontamente la justicia esclarezca la situación”

En el perfil de un comunicador local via facebook, este amplia que además del perjuicio del  adolescente denunciante, podría haber otro alumno/a afectado, y que la disposición de la justicia, efectivizando la detención, estárìa justificada por la preservación de niños, jóvenes adolescentes y personas con algún grado de discapacidad, asimismo evitar la salida del país por un viaje programado en familia a Brasil.

De manera informal, han trascendido versiones que durante la colonia de verano del mes de enero del 2025, la institución a cargo del Centro Ecuestre, habría realizado acciones de contención y prevención sobre el joven de 15 años, haciéndolo de manera participativa con sus progenitores.

En las motivaciones de este accionar, compartidos con la familia, habría otros alumnos y familias que por diferentes vías habrían cuestionado el comportamiento del menor.

La expectativa se centrará seguramente en la celeridad del trabajo de peritos e investigadores del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que tal vez en estos tiempos, difieren temporalmente con la condena social, y los métodos científicos para impartir justicia.